En 2025, España logró un hito al abastecerse completamente de energías renovables, pero el «Gran Apagón» del 28 de abril mostró vulnerabilidades significativas, marcando un repunte del 0,6% en las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto se debió a una paradoja técnica que llevó al sistema eléctrico a operar en «modo reforzado», favoreciendo el uso de gas sobre renovables para garantizar estabilidad. Como consecuencia, el uso de gas en ciclos combinados aumentó un 26%, y el desperdicio de energía limpia, o «curtailment», se triplicó. Esta dependencia del gas, adoptada como medida preventiva, incrementó el costo del recibo de luz en un 15,5% para 2025, siendo uno de los años más caros.
Además de la inversión insuficiente en redes respecto a la nueva capacidad renovable, España enfrenta un desafío en la gestión de su red eléctrica, saturada y con limitada capacidad de almacenamiento. Esto se manifiesta en la insuficiente instalación de baterías para el mantenimiento del autoconsumo doméstico, especialmente crítico durante apagones. Paralelamente, el informe del Observatorio de Sostenibilidad señala que el incremento de las emisiones no se limita al sector eléctrico, evidenciando también el impacto del crecimiento turístico y eventos climáticos extremos.
Mirando hacia 2026, se anticipa un escenario complicado con posibles aumentos en los costos energéticos y la presión adicional sobre la red por la instalación de grandes centros de datos. Para enfrentar estos retos, el gobierno ha activado «mercados de capacidad», pagando a las plantas de gas por su disponibilidad como una solución costosa pero necesaria. A nivel internacional, España busca liderar la transición energética, destacando la importancia de equilibrar la expansión de las renovables con las inversiones adecuadas en infraestructura de red. La experiencia española resalta la complejidad de transitar hacia un sistema energético sostenible sin aumentar los costos o comprometer la seguridad y estabilidad de la red.