En junio de 2020, el Parlamento Europeo fundó el Comité Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital (AIDA) con el fin de evaluar el impacto e identificar los desafíos presentados por la implementación de la Inteligencia Artificial (IA). Este comité también buscaría establecer objetivos comunes para la Unión Europea (UE) así como recomendaciones para optimizar su desarrollo y uso.
El comité, compuesto por 34 miembros incluyendo a tres españoles, jugó un papel crucial en la reciente aprobación de la Ley de Inteligencia Artificial. Dicha ley destaca por su rapidez de desarrollo en comparación con legislaciones anteriores, como la GDPR. Se menciona que el proceso fue agilizado por el trabajo previo realizado por la Comisión, incluyendo la publicación de un Libro Blanco sobre IA. Aunque la ley se enfocó en ser eficiente, la discusión de ciertos temas, como la identificación biométrica remota y la regulación de la IA generativa, contribuyeron a una prolongación del proceso.
El marco busca un equilibrio entre fomentar la innovación y proteger los derechos de los ciudadanos, una dualidad que ha generado discusiones, especialmente en lo que concierne a las perspectivas y prioridades de diferentes comités y Estados miembros dentro del Parlamento Europeo. Otro aspecto relevante fue la consideración hacia las pymes y startups, para las cuales se buscó minimizar la carga regulatoria e introducir entornos de prueba controlados, o «sandboxes», aunque esto generó ciertas reservas.
La nueva ley también incluye la creación de la Oficina Europea de IA, designada para regular modelos generativos y gestionar el registro europeo de aplicaciones de IA de alto riesgo, aunque algunos consideran que sus competencias deberían expandirse.
Con la aprobación de esta legislación, las empresas que operen con sistemas de IA dentro de la UE deberán adherirse a sus normativas, lo que incluye una serie de sanciones significativas para aquellas que incumplan. La ley también pone en marcha un proceso para su aplicación directa en todos los Estados miembro de la UE, esperando que las prohibiciones absolutas entren en vigor en un plazo de seis meses, mientras que otras disposiciones específicas, como las aplicables a modelos de IA generativa, podrían tener plazos extendidos.
Esta legislación se propone no solo regular el entorno de la IA dentro de la UE sino también posicionarla como líder en el establecimiento de estándares éticos y de regulación a nivel mundial, marcando claras diferencias con prácticas permitidas en otras regiones, como China, y aspirando a un diálogo y consenso internacional sobre la materia.