pausará las investigaciones sobre Big Tech estadounidenses, según FT

La Unión Europea (UE) se ha destacado por su intensa regulación en el ámbito tecnológico, aplicando sanciones económicas a grandes corporaciones estadounidenses gracias a normativas como el RGPD, la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA). Sin embargo, esta postura podría enfrentar un giro ante la revisión de investigaciones en curso contra gigantes tecnológicos como Apple, Meta y Google, derivado en parte, de las presiones políticas de figuras como Donald Trump, quien ha mostrado su descontento con las sanciones aplicadas a compañías estadounidenses en suelo europeo.

Trump, durante su presidencia, manifestó su apoyo a las empresas estadounidenses, indicando que no permitiría que la UE se «aprovechara» de ellas, un sentimiento que ha resonado entre líderes del sector tecnológico como Tim Cook y Mark Zuckerberg. Estos últimos han criticado abiertamente las multas impuestas por la UE, aduciendo que limitan la competitividad y representan un obstáculo para las empresas norteamericanas.

No obstante, más allá de las presiones políticas, la UE está experimentando cambios internos que también podrían influir en su enfoque regulador. El inicio del segundo mandato de Ursula von der Leyen marca el fin de la era de Margrethe Vestager como Comisaria de Competencia, quien fue notable por su firmeza en la aplicación de multas millonarias contra las Big Tech. Von der Leyen ha reconocido que la regulación excesiva podría estar perjudicando a las startups europeas, lo que sugiere un posible suavizamiento en la aplicación de estas normativas.

A pesar de la expectativa de cambios, varios legisladores de la UE han instado a la Comisión Europea a mantener su rigor en la aplicación de sus reglas, señalando que los casos en curso aún requieren trabajo técnico y negando que se esté llevando a cabo una revisión. Esto indica que, aunque podrían haber ajustes, la UE sigue comprometida con su agenda reguladora, buscando un equilibrio entre la protección del espacio digital europeo y la promoción de un entorno competitivo en el cual tanto empresas locales como extranjeras puedan prosperar.