A principios de febrero, usuarios de Movistar comenzaron a experimentar dificultades para acceder a ciertas páginas web, en particular aquellas alojadas en Cloudflare, una compañía de servicios de internet. Esta problemática, que aparentemente se limitaba a las conexiones de fibra óptica y no afectaba a la navegación móvil ni a clientes de otras compañías, generó inquietudes sobre posibles bloqueos por parte de Movistar, aunque un técnico de la empresa aseguró en su foro que no realizaban tales acciones.
Sin embargo, la situación se complicó cuando, temporadas más tarde, se observó que los problemas de acceso remitían tras la conclusión de eventos futbolísticos, lo que alimentó especulaciones sobre la posibilidad de que Movistar estuviese tomando medidas para restringir el acceso a plataformas de IPTV utilizadas para la transmisión ilegal de partidos de fútbol. LaLiga, por su parte, ha estado activamente involucrada en la lucha contra la piratería deportiva, logrando el cierre de plataformas ilegales y responsabilizando a intermediarios tecnológicos.
El impacto de esta situación no se limitó a la incapacidad temporal de acceder a determinados sitios web, sino que también repercutió económicamente en empresas que dependen de la conectividad de sus plataformas en línea. La inaccesibilidad a estos servicios afectó de forma directa a los negocios, con pérdidas económicas para los propietarios de sitios web que usan Cloudflare.
En un esfuerzo por entender técnicamente lo ocurrido, se sugirió que el problema podría estar relacionado con un bloqueo intencionado a direcciones IP específicas de Cloudflare, afectando el acceso a una amplia gama de servicios web compartidos bajo la misma dirección IP.
En respuesta a estas restricciones, algunos usuarios consiguieron sortear el problema empleando conexiones VPN, que permiten ocultar la dirección IP de origen y facilitan el acceso a los servicios bloqueados. Mientras tanto, Cloudflare ha trabajado en el desarrollo de tecnologías como ECH (Encrypted Client Hello) para dificultar la capacidad de las operadoras de bloquear selectivamente el acceso a sitios web.
A pesar de estas medidas, la situación sigue generando incertidumbre entre los usuarios afectados, que buscan respuestas y soluciones definitivas por parte de Movistar, DIGI y otros actores involucrados en la provisión y regulación de servicios de internet.