En Barcelona, una operación policial denominada Nihari, llevada a cabo por la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Guardia Urbana, con la colaboración de técnicos de Endesa y de inspectores de Trabajo y Seguridad Social, ha sacado a la luz un esquema de fraude eléctrico en el que 24 supermercados, mayoritariamente franquiciados y pertenecientes a cadenas conocidas, obtenían electricidad ilegalmente al conectar directamente a la red sin pasar por el contador. Este fraude no solo representaba una enorme cantidad de energía sustraída, equivalente al consumo anual de 814 viviendas, sino que también suponía un grave riesgo de incendio debido a las conexiones ilegales carentes de toda medida de seguridad.
Las inspecciones no se limitaron a un solo barrio sino que se extendieron por diversas zonas de Barcelona, afectando a un total de 26 supermercados y llevando a la detención de 26 individuos de origen pakistaní y bangladesí. La Guardia Civil ha abierto diligencias contra ellos por un presunto delito de defraudación eléctrica.
La operación reveló también un amplio abanico de irregularidades más allá del fraude eléctrico. Las autoridades encontraron violaciones de normativas sobre seguridad, higiene, y condiciones laborales, incluyendo la explotación laboral y situaciones administrativas irregulares de ciertos empleados. Además, se levantaron actas por infracciones administrativas, se identificaron violaciones relativas a la seguridad alimentaria, y se incoaron expedientes por contrabando y otras prácticas fraudulentas.
Este caso subraya un giro alarmante del comercio ilegal, que pasó de estar escondido en pisos tapiados y naves industriales a operar abiertamente en negocios que atienden al público, poniendo en riesgo tanto a consumidores como al sistema energético y revelando una peligrosa falta de seguridad que afecta a toda la comunidad.