En España, la problemática territorial marcada por el desbalance poblacional entre el campo y las ciudades, ha llevado a una serie de iniciativas públicas para fomentar la repoblación de los municipios rurales. En respuesta a décadas de despoblamiento, que ha mermado servicios básicos y la actividad económica de estos lugares, algunas regiones han optado por otorgar incentivos económicos a aquellos dispuestos a mudarse y trabajar remotamente desde estos pueblos. Uno de los programas más representativos es el plan DIVA en el norte de Cáceres, que ofrece hasta 15.000 euros a nuevos residentes bajo condiciones específicas de empadronamiento y continuidad laboral remota.
Esta estrategia se suma a otras a nivel nacional, donde más de 3.400 municipios enfrentan riesgos demográficos. La situación es producto de un ciclo prolongado de migración hacia áreas urbanas, exacerbado por factores como el encarecimiento de la vivienda en ciudades y la búsqueda de mejores oportunidades laborales. Frente a este escenario, los incentivos materiales emergen como una herramienta para atraer población hacia el interior, proponiendo un cambio en la dinámica poblacional y económica de regiones en declive.
Además del programa DIVA, otras comunidades como Castilla y León, Valladolid, La Rioja y Navarra, han implementado sus propias iniciativas, ofreciendo ayudas que van desde los 2.000 hasta los 40.000 euros para la compra o rehabilitación de viviendas en el ámbito rural. Estos programas apuntan a establecer un arraigo duradero, evitando el turismo residencial o la movilidad oportunista, y se enmarcan en un esfuerzo más amplio por equilibrar el tejido territorial de España.
El impulso a la repoblación rural no solo busca revitalizar pequeños municipios y distribuir de manera más equitativa la población, sino también descomprimir las áreas metropolitanas saturadas. Aunque su impacto es limitado en escala, estos incentivos representan un cambio significativo en la política territorial, marcando el inicio de una competencia por población con beneficios directos, en un intento por revertir las tendencias de despoblación y desequilibrio territorial que han marcado al país durante décadas.