De los países nórdicos, Dinamarca lidera una tendencia preocupante sobre el uso de productos de Google en el ámbito educativo, prohibiéndolos en sus escuelas por cuestiones de privacidad. Esta acción inspira a otros en Europa, como España, donde la asociación Adolescencia Libre de Móviles incentiva a padres y colegios a denunciar a Google ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) debido a la expansión de Google Workspace for Education. La preocupación central es que empresas con fines comerciales influyan significativamente en la educación, proporcionando herramientas digitales sin costo aparente, lo que suscita dudas sobre la protección de datos y la soberanía educativa.
Simona Levi, de Xnet, critica la gratuidad de dichos servicios sin un análisis crítico por parte de las instituciones. La AEPD ha expresado su desacuerdo con el uso de Google en la educación, argumentando que no pasa el test de proporcionalidad y subrayando la existencia de alternativas menos invasivas. A esto se suma la preocupación de que los padres no están suficientemente informados sobre el tratamiento de datos de sus hijos, lo que llevó a una multa a un colegio por no comunicar adecuadamente estas prácticas.
Google defiende su posición argumentando que sus servicios cumplen con rigurosas normativas de privacidad y que la responsabilidad del tratamiento de datos recae en los centros educativos. Frente a esta situación, emerge el debate sobre la soberanía educativa y la posibilidad de emplear herramientas libres y de código abierto que aseguren la independencia respecto a corporaciones extranjeras. La iniciativa ‘Suite (DD)’, fruto de una colaboración entre la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y Xnet, emerge como un ejemplo de alternativa en cloud pero con una base de código abierto. Sin embargo, estas son aún iniciativas piloto frente a la amplia adopción de herramientas como Google Workspace for Education en España, situación que requiere de un debate más profundo sobre la dirección futura de la educación en el país.